La presente Ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto reconocer los derechos de los jóvenes, así como generar las medidas y marco normativo que regulen las políticas públicas transversales que permitan al Estado y los municipios garantizar el desarrollo integral e inclusión de la juventud, reconociéndoles su nivel de importancia, y, se les conciba como actores sociales estratégicos para la transformación y el mejoramiento del Estado.