La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto aplicar, accesibilizar y simplificar los actos, convenios, comunicaciones, procedimientos administrativos, trámites y la prestación de servicios públicos que corresponden al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los Organismos Autónomos, a los Ayuntamientos y a las dependencias y entidades de la administración pública estatal o municipal.

La presente Ley es de orden público y de observancia  general en el estado de Guanajuato y corresponde su aplicación al Poder Ejecutivo, por conducto del Servicio de Administración  Tributaria del Estado de Guanajuato, así como a los ayuntamientos en la esfera de su competencia.

La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las bases de
coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de protección civil. Los sectores privado y social
participarán en la consecución de los objetivos de esta Ley, en los términos y condiciones que la misma
establece.

Tiene como objetivo primordial, el cumplir la constitución, estableciendo las bases de coordinación y distribuyendo las obligaciones pero también las facultades de los tres ordenes de gobierno en materia de turismo, bajo los principios de legalidad, sustentabilidad y competitividad, con fin de hacer de México un país líder en la actividad turística.

La presente Ley es reglamentaria del artículo 27 Constitucional en materia de minera y sus disposiciones son de orden público y de observación en toda la República.

El Programa Nacional de Vivienda 20121-2024, es de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Se aprueba el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024.

La presente Ley es de observancia general en toda la República, sus disposiciones son de orden público e interés social.

La Presente Ley es de orden público e interés social, reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.

Contribuir a la permanencia de las actividades productivas de las personas microempresarias, ante la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2.